EuropaPress. El Juzgado
Número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas ha dejado "sin
efecto" la expulsión del activista uruguayo y residente en Canarias José
Morales Brum del Estado Español, ya que entiende que el acto administrativo del Gobierno
español y secundado por el Gobierno uruguayo, "no se ajusta a derecho y es
contrario a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) en materia de expulsión de extranjeros".
Esta decisión se adopta tras el auto dictado por el Juzgado, a fecha 25 de
febrero de 2013, tras acceder a la solicitud del demandante y "dejar sin
efecto la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo", según
informó la Asociación Lanzaroteña Pro - Derechos Humanos en el Sáhara
Occidental en un comunicado. Asimismo, la jueza Esperanza Ramírez ordenó que su decisión se comunique a la
Delegación del Gobierno en Canarias para que disponga "su inmediato
cumplimiento, librándose para ello el correspondiente oficio". Y es que el Juzgado sostiene que en este caso "queda acreditado un
verdadero arraigo" de José Morales en Canarias, "ya que el demandante
ha contado con permiso de residencia y trabajo en vigor y es padre de una niña
menor de edad y de nacionalidad española", que reside en la isla de Lanzarote. También recuerda que atendiendo a la jurisprudencia del TSJC "en materia
de expulsión de extranjeros mantiene una actitud favorable a suspensión de las
resoluciones administrativas que le ordenan cuando una persona afectada tiene
arraigo en España" porque la expulsión puede causar al interesado
"daños de muy difícil reparación". Asimismo, la jueza no considera que la permanencia de José Morales
en "territorio español", durante la tramitación de este procedimiento,
"pudiera causar algún grave y concreto perjuicio al interés general, no
pudiendo los meros referentes policiales justificar la ejecución inmediata de
la expulsión".
Por su parte, José Morales ha mostrado su satisfacción por esta decisión
judicial y ha dejado constancia de ello en las redes sociales donde indicaba
que "tenía que llegar y llegó".
"La mejor noticia que tenía que venir con los aires del alisios de mi
patria Canaria acaba de llegarme. Sin duda la emoción es tan grande que las
lágrimas empañan mi vista pero son lágrimas de alegría, de emoción por el
convencimiento en que jamás he cometido delito alguno y que jamás he sido
condenado como tantas veces lo han repetido muchos adalides del Gobierno
español", indicaba el activista.
José Morales fue detenido el 12 de junio de 2012 por "orden expresa del
subelegado del Gobierno español en Canarias, en la isla de Tenerife", y
posteriormente expulsado. La orden de expulsión se dio después de que el
activista participara en una "concentración espontánea" frente a la
sede del PP de Lanzarote para manifestarse contra la decisión del Gobierno
central de conceder a la multinacional Repsol los permisos de extracción de
petróleo en aguas cercanas a Canarias. Tras estos hechos, Morales aseguró que "era objeto de una deportación
ilegal" y ha solicitado al Gobierno uruguayo que enseñe la preceptiva
orden judicial que debe de acompañar a los ciudadanos expulsados de España,
"sin que hasta el momento se le haya respondido". Tras la ejecución de la expulsión organizaciones políticas, sindicales o sociales,
entre otras, "han denunciado en España y en el ámbito internacional que la
decisión política del Gobierno de España carece de respaldo jurídico".
